Con las consecuencias de la declaración del estado de alarma y el parón en la actividad productiva y de servicios, comienza una nueva etapa en el mundo de las empresas y los autónomos, con miles de consecuencias jurídicas desconocidas hasta ahora, donde el apoyo de un buen equipo de abogados, será más importante que nunca.

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DE ÁVILA ABOGADOS

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La nueva normalidad

La nueva normalidad, para la administración de justicia, solo trae los problemas de siempre multiplicados por tres meses de inactividad y un aluvión de demandas y denuncias, junto con los problemas jurídicos generados por el estado de alarma, o lo que es lo mismo, la interpretación que los jueces van a dar a cada una de las normas publicadas durante ese periodo.
El plan de reactivación de la justicia, desgraciadamente, no dota a la misma de los medios económicos necesarios para que la misma no colapse. Estando la competencia de dotar a la misma de medios humanos y materiales en manos de las Comunidades Autónomas, y centrados todos los medios de los que nos gobiernan en la medidas sanitarias y en la reactivación de la economía. La justicia vuelve a ser la cenicienta de la película.
Evidentemente la salud es lo primero, de la ahí la necesidad del confinamiento y las medidas que se han tomado para protegernos. Necesitamos que se reactive la economía para que no se destruya empleo. Pero no olvidemos que es la administración de justicia, la que debe ocuparse de poner orden al caos generado durante el estado de alarma.

 

 

La ciudadanía, lo que menos necesita después de haberlo pasado mal, es tener que esperar años para ver resueltos sus problemas

La que tiene que compensar a los profesionales que enfermaron o a los familiares de los fallecidos por COVID por falta de medidas de protección. Las que tiene que poner límites a las administraciones publicas cuando pisan nuestros derechos. Los juicios por despidos, los divorcios…. Los incumplimientos de contratos por el estado de alarma, la denegación de una ayuda o de una pensión por enfermedad y un sinfín de situaciones que necesitan una solución rápida de nuestros tribunales.
La ciudadanía, lo que menos necesita después de haberlo pasado mal, es tener que esperar años para ver resueltos sus problemas. Si no se incrementa el presupuesto de la administración de justicia de manera urgente, estamos destinados al colapso, a que las víctimas sean más víctimas y los que abusan del sistema e incumplen las leyes sigan estando tranquilos.
La nueva normalidad, me meto, con respecto a los profesionales de la justicia, parece más la terrorífica vuelta a la normalidad.